A medida que las conversaciones sobre los prejuicios de género y raza y la discriminación sistémica se hacen cada vez más frecuentes y necesarias, prácticamente todos los sectores profesionales se han visto confrontados con la necesidad de considerar como ciertas prácticas profesionales pueden incurrir en prácticas discriminatorias que impiden que distintas minorías sociales reciban un trato justo, logren una movilidad social o accedan a mejores oportunidades económicas.
En el ámbito legal, existen numerosos factores que pueden influir en la cantidad que una persona puede recibir como compensación por las lesiones sufridas en un accidente. Ya sea que esta compensación sea negociada dentro o fuera de la corte, es valioso saber cómo ciertos prejuicios culturales pueden afectar este proceso.
Puede que no se te des cuenta o hayas pensado mucho al respecto, sin embargo, las leyes de lesiones personales de los Estados Unidos muestran una tendencia que podría definirse como parcializada o discriminatoria, frecuentemente a favor de las víctimas masculinas y blancas y sus abogados de lesiones personales, quienes suelen recibir indemnizaciones mayores que las mujeres y los miembros de minorías en casos comparables.
Si bien el monto de indemnización concedido en un reclamo por lesión personal depende fundamentalmente del tipo y alcance de la lesión, siendo común que las lesiones que resulten en una discapacidad permanente obtengan cuantías más elevadas, este no es el único factor tomado en cuenta al momento de calcular un monto de compensación.
Comúnmente, cuando un abogado de lesiones personales calcula un estimado de compensación para un caso, este suele tomar como base un monto base de futuros ingresos perdidos, el número de años que la víctima de una lesión ha trabajado hasta el momento del accidente y el importe de los ingresos previstos de la víctima. Tomar como base estas cifras crea un problema de base pues, en promedio, las mujeres y las minorías raciales trabajan menos años y ganan menos. Este problema se agrava cuando se toma en cuenta el hecho de que los cálculos realizados por un abogado también toman en cuenta la edad de la víctima.
Otros países han decidido reducir esta problemática suprimiendo el uso de estas medidas demográficas. En lugar de esto, los sistemas judiciales se enfocan en aspectos como las circunstancias familiares y el nivel de estudios de la víctima, apuntando a beneficiar a ésta en lugar de reducir su posible compensación a partir de medidas financieras que, con frecuencia, se escapan de su control.